La nueva legislación necesitaría de una enmienda de la actual Ley de Telecomunicaciones, que permite intervenir los correos electrónicos únicamente a las agencias de seguridad. Según el fiscal general del Estado, Robert McClelland, “un ataque contra los sistemas operativos de la bolsa o la red eléctrica causaría un daño económico mucho mayor que un atentado terrorista físico”. Esta propuesta ha sido muy criticada por los defensores de las libertades civiles, quienes afirman que podría ser utilizada con malicia por los empresarios contra sus trabajadores. “Lo que nos preocupa – afirma Dale Clapperton, defensor de los derechos de los usuarios de Internet en Australia- es puedan utilizar la ley para escuchar a escondidas y para hacer cazas de brujas empresariales, más que para proteger al país de un ataque cibernético”.
