Es una de las múltiples conclusiones que han sido destacadas durante los dos días que ha durado el Segundo congreso Nacional de Policías Tecnológicas que se ha celebrado en Madrid.Seis mesas redondas han valido para repasar la actualidad tecnológica en la que se desenvuelven las Policías Municipales, Policía Nacional, Guardia Civil, Ertzaintza, Mossos d´Esquadra o Policía foral de Navarra. Yo he tenido la oportunidad de moderar la primera de esas mesas en la que intervinieron Eloy Velasco (magristrado de la Audiencia Nacional), Juan Salom (Jefe del Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil) y Antonio Cimorra (de AETIC).
Por no profundizar en exceso e, incluso, por esperar a las conclusiones que pondrán los organizadores en la web de este Congreso, pudimos comprobar que el trabajo de estos profesionales se topa con una legalidad confusa y falta de actualización que, en muchísimos casos, dificulta las investigaciones y, sobre todo, las resoluciones judiciales. Eloy Velasco, en este sentido, tuvo que responder a los congresistas a múltiples inquietudes sobre las dificultades para actuar: básicamente la validez de las pruebas en un entorno global como es Internet. Por resumir, Juan Salom, profesional con estrechas vinculaciones internacionales a través de Europol o Interpol, subrayó con ejemplos gráficos que se evidencia que el marco legal, hoy por, es confuso y merecedor de una evolución práctica.
Bueno es que todas las partes (desde la Industria a la Justicia) oigan a los investigadores para saber determinar hasta dónde y por dónde hay que ir para tratar la materia tecnológica. De momento, este Congreso ha sido amparado por la Administración a través de tres ministerios (Industria, Cultura e Interior).
Organizado por la Business Software Alliance (BSA) este Segundo Congreso trató estos temas: la protección de datos y secreto de las comunicaciones, la antipiratería, la pornografía infantil, el fraude informático y el delito económico en Internet, los contenidos ilegales y nuevas tendencias, y los procedimientos de investigación del delito informático.
