ASIMELEC ha remitido a la Ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, una carta "solicitándole su intervención para enmendar el preocupante y cada día más apremiante problema del retraso y la morosidad en los pagos que se están llevando a cabo por parte de la Administración Pública, tanto General del Estado como Autonómica". La Patronal, que representa los intereses de más de 2.200 empresas del macro sector TIC español, y cuya facturación supone en torno al 4% del PIB de nuestro país, ha tomado esta iniciativa al considerar, en palabras de su Presidente, Martín Pérez, “que en estos tiempos de recesión y por ende, de mayores dificultades económicas y necesidades financieras para todas las empresas que realizan gran parte de sus actividades comerciales con las distintas Administraciones Públicas, este grave problema se vuelve todavía más acuciante. Además,-- continua Pérez--, el retraso y la morosidad en los pagos por parte de las Administraciones Públicas, tanto General del Estado como Autonómica o Local, en esta última de forma más extrema aún si cabe, origina un gran desasosiego en el día a día de la actividad de las empresas asociadas.”
Según ASIMELEC, este tema "es actualmente uno de los más preocupantes para el tejido empresarial español. La Ley de 2004 establecía períodos de pago de 30 días para las empresas y de 60 días para las Administraciones Públicas, pero, según la Patronal, no se ha detectado que los efectos que perseguía esta Ley hayan tenido impacto". ASIMELEC reclama que estos plazos sean una condición contractual realmente vinculante y su estricto cumplimiento, ya que, según la Patronal, ayudaría en gran medida a solventar las dificultades de tesorería y de rentabilidad que padecen muchas empresas tanto en el sector TIC como en multitud de sectores de la economía española.
La patronal también desvela que muchas empresas que padecen plazos de pago de más de 180 días, no reclaman o denuncian estas practicas abusivas por temor a perder negocio o causar malestar a sus clientes.
La patronal también desvela que muchas empresas que padecen plazos de pago de más de 180 días, no reclaman o denuncian estas practicas abusivas por temor a perder negocio o causar malestar a sus clientes.
