La ley, con la oposición de la izquierda y de parte de los diputados de la mayoría conservadora, salió adelante con 296 votos a favor y 233 en contra. Y, también como se preveía, el Partido Socialista ha anunciado que recurrirá el texto ante el Consejo Constitucional.
El punto más polémico de la ley es el relativo a la sanciones contra los internautas que se descarguen archivos de forma ilegal. Para ellos, se establece un dispositivo progresivo de sanciones que llega hasta la suspensión del acceso a internet durante dos años, sin que por ello el afectado deba dejar de pagar ese servicio.
La ley, que debe ser aprobada por los senadores, que ya le dieron su visto bueno en primera lectura en el estado actual, establece la creación de una Alta Autoridad para la Difusión de Obras y la Protección de Derechos sobre Internet (HADOPI).
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